Desprotección social

Los niveles de informalidad laboral en Chile han ido aumentando en los últimos años por el efecto de distintos factores, como un crecimiento económico estancado, una súbita alza de inmigración informal, el doble golpe económico que supusieron el 18-O y el Covid-19, nuevas modalidades (y expectativas) de empleo flexible, cambios de tipo demográfico y otros. A ello se agregan factores que dificultan la formalización por la vía de hacer más caras o engorrosas las contrataciones (y los despidos) a través de regulaciones o impuestos que, buscando proteger el empleo, en último término lo desincentivan.

El crecimiento económico y la inversión entregan el mejor impulso a la creación de empleo formal, con las protecciones que conlleva.

Además de externalidades negativas que generan específicos tipos de problema -la explosión del comercio ambulante, por ejemplo-, la informalidad laboral resulta una carga onerosa principalmente para los propios trabajadores, pues carecen de cobertura social en ámbitos como salud, cesantía o vejez. De ahí que resulte preocupante constatar que hoy alrededor de dos y medio millones de personas estén en esa situación laboral, según el Observatorio Perspectivas, a partir de datos del INE, esto es, un nivel de informalidad de 27,5%.

Las consecuencias de la falta de protección social no sólo son dañinas para la calidad de vida de los trabajadores hoy, sino que se proyectan en el futuro hasta la etapa post laboral de sus vidas, cuando no puedan contar con una fuente estable de ingresos. La baja en el número de cotizantes AFP que consignamos en esta edición es otra preocupante señal en este sentido.

Esfuerzos privados para abordar este problema como la Mesa de Formalidad Laboral -que reúne a la CPC, la Asech y la Asociación de AFP- son indispensables, de ahí que se esperen con interés las propuestas que presentará en marzo.

Con todo, el crecimiento económico y la inversión entregan el mejor impulso a la demanda de mano de obra y la creación de empleo formal. Desde la política pública -tanto económica como fiscal- es imprescindible tener eso a la vista en un año con aires de recesión, y con propuestas de reformas que, en algunos casos, arriesgan tener el efecto contrario.